«En tiempos de crisis los servicios de salud laboral y prevención de riesgos sufren mucho», recalca la secretaria de Salud Laboral de CC. OO. en Málaga, Rosa María Martín.

Según los datos de la Junta, en los nueve primeros meses de este año se han producido 14.905 accidentes laborales en la provincia, lo que supone 55 siniestros por jornada (25% menos que el año pasado).

En 2008, se registraron 74 accidentes al día. La fiscal de Siniestralidad Laboral en Málaga, Miriam Martínez, comparó en junio ese dato con el de 2007 (17% de reducción) y concluyó que el aumento de la concienciación social había sido la clave, ya que la crisis sólo afectó a los meses finales de 2008. Así, la estadística arroja una buena noticia, aunque el sindicato destaca matices importantes.

Se producen menos siniestros, pero también hay menos trabajadores debido al desempleo (más de 169.000 personas en noviembre).

Martín denuncia que las firmas dedicadas a la salud laboral están despidiendo personal «porque muchas compañías, clientes del sector de la construcción, han desaparecido».

«La prevención está mejorando la situación y poco a poco se ha bajado la siniestralidad laboral –puntualiza la sindicalista–. Pero, con la crisis, el capital de las empresas se destina a indemnizaciones y finiquitos, la negociación colectiva se enturbia y los empleados temen más reivindicar seguridad en el trabajo».

La tipología de los accidentes más habituales demuestra, según CC. OO., que la prevención se desatiende. La causa de la mayoría de los accidentes graves y del 34% de siniestros de julio a septiembre sigue siendo una caída, «algo básico en prevención».

Hasta cinco años de juicio

Un aspecto importante de los casos graves de siniestralidad laboral es que los procesos se alargan demasiado en el tiempo, algo que justifican desde la Fiscalía en que suelen contar con muchos imputados.

Martínez reconoce que hay que hay casos que duran hasta cinco años, aunque la media es que llegue el juicio a los tres o cuatro años. Quizás por eso, la mayoría de los perjudicados suelen conformarse con las indemnizaciones que ofrecen las empresas.