Franns Melgar Vargas, el trabajador boliviano que perdió el brazo en una panificadora del Real de Gandía (Valencia), no fue abandonado por el jefe que le traslado al Hospital tras sufrir el accidente laboral. Es lo que se desprende del último atestado policial recibido por el Juzgado de Instrucción número 6 de esta localidad. Según este informe el empresario auxilió al empleado —un inmigrante ilegal al que no tenía contratado ni dado de alta en la Seguridad Social—, y le llevó hasta la puerta del centro hospitalario. Allí el jefe del obrero accidentado sufrió un desvanecimiento por el que tuvo que recibir asistencia médica por parte del personal de urgencias.
Esta versión que acaba de recibir el instructor contrasta con la ofrecida por el trabajador accidentado, que mantiene que antes de llegar el hopital, a unos 200 metros, el jefe le obligó a bajar del vehículo, le conminó a que no diera detalles de su precaria situación laboral, y se marchó en el vehículo. Fue el pasado 28 de mayo cuando Franns Melgar Vargas perdió su brazo izquierdo al quedar atrapado por una máquina de la panificadora en la que trabajaba en situación ilegal desde hacía año y medio. Tras el accidente, fue regularizado por razones extraordinarias.
Según contó, echaba 12 horas al día y percibía un sueldo de unos 700 euros al mes. CC.OO. denunció que el empresario arrojó el brazo a un contenedor de basura después del accidente. El miembro fue finalmente localizado pero el tiempo transcurrido hizo imposible que el prestigioso cirujano plástico, el doctor Pedro Cavadas, se lo reimplantara en la Clínica Virgen del Consuelo de Valencia donde fue finalmente ingresado.
En una primera declaración, el trabajador accidentado relató que su jefe le trasladó hasta el centro sanitario; según fuentes de la investigación, no es hasta dos o tres días después, cuando, en una segunda declaración, dice que su jefe le dejó abandonado antes de llegar al hospital.
El último informe policial, según fuentes de la investigación, hace difícil que pueda prosperar una acusación por un presunto delito de omisión del deber de socorro contra los propietarios de la panificadora, que hoy declaran, en calidad de imputados ante el juez. Asistirá el delegado de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Valencia, Jaime Gil, que sí cree que hay indicios de un delito de lesiones y otro contra los derechos de los trabajadores. El sindicato UGT ya se ha personado en la causa; CC.OO., no.
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