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Cuando el Ayuntamiento de Valencia tiene que cobrar algún tributo o deuda fuera de plazo, actúa por vía de apremio y siempre con recargo. Hay veces que se bloquean las cuentas bancarias de la persona deudora o empresa como garantía. Este eficaz medio de cobro, no funciona a la inversa.
Lo sabe bien, Isabel Valiente Minuesa. Lleva casi seis meses esperando recibir una indemnización del consistorio «por daños y perjuicios». Fue a raíz de una aparatosa caída, a la altura del número 27 de la calle Císcar, el 12 de julio de este año.
Se dirigía al trabajo y al bajar de la acera introdujo el pie derecho en uno de los «muchos desniveles» que hay en la calzada, según hace hincapié en su queja. La caída le provocó contusiones, hematomas y heridas en la pierna izquierda y un esguince en el pie derecho. El episodio pudo convertirse en drama. Un coche de frente evitó «in extremis» arrollarla.
Isabel tuvo que ser transportada en una ambulancia al hospital Doctor Peset. Allí recibió atención clínica y una baja laboral que se prolongó durante 21 días. Todas las incidencias del accidente -la hoja clínica de urgencias y los diagnósticos- están recopilados en un expediente que Isabel presentó en el Ayuntamiento, el 17 de julio, pidiendo las indemnizaciones legales.
La respuesta municipal tardó casi tres meses en llegar, el 2 de octubre, dando 10 días de plazo para presentar facturas de los gastos ocasionados. Con asesoramiento jurídico, Isabel cumplió el requerimiento y exigió esta vez el pago de 1.057 euros, a razón de 50,35 euros por cada uno de los 21 días de baja, basándose en la normativa legal vigente que aplican las mutuas. Hasta hoy, no ha vuelto a saber nada y quiere conocer las causas del prolongado silencio del Consistorio.
Los resultados de las gestiones en el Ayuntamiento no juegan a favor de la afectada por el mal estado de la vía pública. Es más, adelantan fuentes técnicas municipales que el expediente coordinado por la Sección de Responsabilidad Patrimonial -01305-2007-499(E5)- recibió el pasado 12 de diciembre un informe de un inspector de urbanismo.
En él, se especifica que «el pavimento está en buen estado» y que el desnivel que provocó el accidente «está fuera del itinerario de los viandantes». Hay pruebas, con fotos incluidas, que dan fe de que el defecto en la calzada sigue sin ser reparado, seis meses después del incidente.
En cualquier caso, en la oficina municipal de Coordinación de Obras Urbanas (Ocoval), aseguran no tener constancia de haber recibido orden de reparar la calzada defectuosa, ni en julio cuando tuvo lugar el accidente ni en fecha posterior
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"Apoyados por un equipo de especialistas médicos, psicólogos y rehabilitadores conseguimos exprimir a las Aseguradoras
elevando las cuantías indemnizatorias al máximo posible,
y todo ello para que el cliente encuentre en cierto modo compensado, los tremendos padecimientos, cambios de vida, trastornos familiares
que se originan después de un accidente"
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